Justicia y Derecho

El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez, abogado administrativista santandereano, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, Miembro del ilustre, desaparecido y siempre recordado Colegio de Abogados de Santander (1981), Miembro de la Academia de Historia de Santander (2010), Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – Regional Santander (2003) y Miembro del Colegio Nacional de Periodistas – Seccional Santander (2013), fue abierto a finales del año 1981 y desde entonces está dedicado, de manera ininterrumpida, al Derecho Administrativo, de manera muy especial al área de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, especialidad en la que se desempeña, con lujo de competencia y reconocida honestidad profesional, desde hace más de treinta y cinco años.

PRIMERA DEMANDA CONTRA EL ESTADO:

La primera demanda del abogado Óscar Humberto Gómez Gómez contra el Estado colombiano la presentó, ante la Secretaría del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, única corporación judicial competente entonces para conocer de esas demandas, el viernes 5 de marzo de 1982, con base en la teoría de la falla del servicio, luego de que el jueves 21 de enero del mismo año le fuera conferido el correspondiente poder ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander, corporación esta última que no conocía aún de esas demandas, las cuales, en aquel tiempo, se debían presentar y tramitar exclusivamente en la ciudad de Bogotá sin importar en qué lugar del país hubieran sucedido los hechos.

Ni la Secretaría de la Sección Tercera -donde se entregó la demanda-, ni la Secretaría del Tribunal -donde se presentó el poder- se encuentran ubicadas hoy en los mismos sitios.

Aquella primera demanda se refería a los gravísimos acontecimientos públicamente conocidos como “el caso del estadio“, los cuales habían recibido profusa difusión en los medios y un candente debate en el Senado de la República.

LOS HECHOS:

El domingo 11 de octubre de 1981, en las finales del torneo profesional del fútbol colombiano programado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), se enfrentaban en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, los equipos Atlético Junior, de Barranquilla, y Atlético Bucaramanga, el cuadro local.

El encuentro era conducido por el árbitro Eduardo Peña.

Los ánimos estaban caldeados, pues ambos equipos se jugaban la clasificación.

En los minutos finales, una decisión del árbitro Eduardo Peña, que los hinchas del equipo local consideraron injusta, desencadenó los graves desórdenes.

La policía se vio rebasada por la multitud y por ello pidió el apoyo del Ejército, cuyas instalaciones se hallan contiguas al estadio.

Fue entonces cuando tropas del Batallón Caldas ingresaron y se formó una balacera con tiros de fusil.

El informe oficial habría de precisar que en la acción tomaron parte cuatro (4) oficiales, cuarenta (40) suboficiales y cien (100) soldados, para un total de ciento cuarenta y cuatro (144) militares. Fueron disparados doscientos (200) proyectiles de fusil.

En los hechos murieron el estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y promotor de Acción Comunal de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Santander Luis Hernando Ortegón Ariza, el empleado de la Compañía Colombiana de Tabaco Germán Martínez Robayo y el joven Leonel Cala Suárez, hijo de un farmacéutico cuya droguería estaba ubicada en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS), alma mater cercana al estadio. Igualmente, resultaron gravemente heridos Fernando Prada López y otros aficionados. Prada López habría de quedar inválido de por vida. Aparte de estas víctimas, se reportó la muerte de un N.N., aunque fuentes no oficiales hablaron de muchos más muertos no reportados por las autoridades.

En 1981 era Presidente de la República Julio César Turbay Ayala (1978 – 1982), cuyo gobierno había sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos por organismos como Amnistía Internacional. El país se encontraba bajo estado de sitio, al amparo del cual el gobierno había expedido el controvertido Estatuto de Seguridad, que permitía el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar. Esta justicia concluyó que en los hechos del estadio el Ejército había actuado ante un peligro grave e inminente. Nadie fue, en consecuencia, convocado a consejo de guerra, ni mucho menos condenado. El Código Penal Militar no permitía la posibilidad de que las víctimas se hicieran representar por abogado dentro de los procesos a cargo de la justicia penal militar. Por ello, los familiares de las víctimas no pudieron impugnar la providencia que dispuso el archivo de la investigación penal.

JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 1981 CUANDO SUCEDIERON LOS HECHOS DEL ESTADIO.

En cuanto a la investigación disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Guillermo González Charry, venía siendo acusada durante todo el gobierno turbayista de complicidad con dicho gobierno en la violación de los derechos humanos. Lo cierto es que, respecto del caso del estadio, la Procuraduría concluyó que no se había incurrido en falta disciplinaria alguna. Dentro de ese contexto socio-político, y dado el absoluto desconocimiento que existía entonces dentro del pueblo santandereano acerca de la existencia del Derecho Administrativo, el que un joven, anónimo y recién graduado abogado de Bucaramanga demandara al Estado colombiano, en la capital de la República, por lo ocurrido en el estadio de fútbol bumangués, fue considerado en Santander un hecho completamente exótico y hasta temerario.

GUILLERMO GONZÁLEZ CHARRY, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN EN 1981 CUANDO TUVIERON LUGAR LOS HECHOS DEL ESTADIO.

El debate en el Senado de la República fue promovido por los senadores Luis Carlos Galán Sarmiento y Jaime Castro Castro, quienes habían citado al Ministro de Defensa Nacional, general Luis Carlos Camacho Leyva.

CAPITOLIO NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, DONDE SE LLEVÓ A CABO EL DEBATE CONTRA LA ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO EN EL ESTADIO DE BUCARAMANGA EL DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 1981.

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, SENADOR CITANTE AL DEBATE POR LOS HECHOS DEL ESTADIO.

JAIME CASTRO CASTRO, SENADOR CITANTE AL DEBATE POR LOS HECHOS DEL ESTADIO.

General LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL DE COLOMBIA, CITADO AL DEBATE EN EL SENADO PARA QUE EXPLICARA LA ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO EN LOS HECHOS DEL ESTADIO.


LA SENTENCIA:

La demanda presentada por el doctor Óscar Humberto Gómez Gómez fue fallada, en sentencia de única instancia -es decir, inapelable- por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, con ponencia del magistrado Julio César Uribe Acosta, el 6 de febrero de 1986, convirtiéndose dicho fallo en la primera sentencia dictada por esa corporación luego de que el Palacio de Justicia de Bogotá fuera incendiado en los hechos de la toma por parte del movimiento guerrillero M-19 (6 y 7 de noviembre de 1985). Para ese momento, el Consejo de Estado funcionaba provisionalmente en una edificación ubicada en el barrio El Lago, al norte de Bogotá. El expediente había sido uno de los que milagrosamente se salvaron de las llamas. El ponente, igualmente, era uno de los magistrados que habían sobrevivido a la tragedia, que le costó la vida, entre otros juristas, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía.

TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DEL GRUPO GUERRILLERO M-19. EL EJÉRCITO SE PREPARA PARA ENTRAR A LA EDIFICACIÓN UTILIZANDO UN TANQUE DE GUERRA.

TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA POR PARTE DE LA GUERRILLA M-19. LAS COLUMNAS DE HUMO INDICAN QUE DENTRO DEL PALACIO HA COMENZADO UN INCENDIO. EL FUEGO TERMINARÁ POR CONSUMIR LA EDIFICACIÓN. LOS EXPEDIENTES DESAPARECERÁN CONVERTIDOS EN CENIZAS.

EL PALACIO DE JUSTICIA, SEDE DEL CONSEJO DE ESTADO, EN LLAMAS. LA DESTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y LA DESAPARICIÓN DE LOS EXPEDIENTES HAN COMENZADO. EL CASO DEL ESTADIO, SIN EMBARGO, PODRÁ SER FALLADO PORQUE SE SALVARÁ DEL FUEGO. SERÁ LA PRIMERA SENTENCIA QUE DICTARÁ EL CONSEJO DE ESTADO DESPUÉS DE LA TOMA GUERRILLERA.

ACTIVIDAD PROFESIONAL:

La oficina del abogado Óscar Humberto Gómez Gómez ha atendido con rotundo éxito -y a pesar de todas las dificultades que buscar justicia en Colombia trae consigo- procesos de reparación directa en los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander, Atlántico, Cesar, Boyacá, Arauca, Bolívar, Magdalena, Huila, Nariño y Cundinamarca, y, por supuesto, en el Consejo de Estado de Colombia, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA, sede del Tribunal Administrativo de Santander. Está ubicado en el costado norte de la Plaza Luis Carlos Galán. Cuando la oficina del abogado Óscar Humberto Gómez Gómez inició su actividad profesional, la plaza no existía y el frente del palacio daba a la desaparecida calle 35 entre carreras 11 y 12. La silueta que se alcanza a observar en la fotografía corresponde al monumento erigido en la plaza a la memoria de Galán.

A partir del año 2006 entraron en funcionamiento en Colombia los nuevos Juzgados Administrativos. El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez ha obtenido, igualmente, sentencias favorables en estos nuevos despachos judiciales, uno de los cuales -el Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga- falló, en sentencia de única instancia, la demanda elevada a raíz de la muerte de civiles inocentes durante la toma guerrillera del municipio de Guaca (Provincia de García Rovira, departamento de Santander) por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Otra demanda por esta misma toma fue fallada por el Tribunal Administrativo de Santander con decisión adversa para los demandantes. El Consejo de Estado, sin embargo, revocó dicho fallo y, al igual que lo había hecho el Juzgado 11 Administrativo, condenó al Estado.

GUACA (Provincia de García Rovira, departamento de Santander), municipio que el 11 de diciembre de 1997 fue tomado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El entonces Presidente de la Academia de Historia de Santander, doctor Armando Martínez Garnica, explica a periodistas locales el significado histórico de la casona colonial ubicada al costado occidental del parque García Rovira en Bucaramanga donde fueron puestos en funcionamiento en el año 2006 los nuevos juzgados administrativos de Bucaramanga. La casona fue la residencia del cura Eloy Valenzuela, a cuyas misas asistía Simón Bolívar (1828). En dicha vivienda fue asesinado el clérigo y botánico por los hermanos Bretón, a uno de los cuales se le condenó a la pena de muerte.

El portal santanderenlared.com estará publicando próximamente la relación de procesos que el doctor Óscar Humberto Gómez Gómez ha ganado a lo largo de los treinta y cinco años de ejercicio profesional, en varios de los cuales abrió el camino para que se sentara jurisprudencia sobre puntos de derecho de gran importancia.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES:

Dentro de los logros registrados en la trayectoria profesional del doctor Óscar Humberto Gómez Gómez, a lo largo de 35 años de ejercicio profesional, se resalta el haber obtenido ante la justicia contenciosa administrativa:

i.) el primer fallo condenatorio en Colombia por la muerte de un paciente en el quirófano a consecuencia de una falla médico-quirúrgico-anestesiológica, hecho ocurrido en la Clínica Bucaramanga y por el cual fue condenado el Instituto de Seguro Social de Santander -I.S.S.S. Caso Óscar Pedraza Ochoa. Demandantes: Ana Ochoa de Pedraza y otros vs Instituto de Seguro Social de Santander -I.S.S.S.;

ii.) el primer fallo condenatorio en Colombia por contagio con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH),  hecho acaecido en el Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga y por el cual fueron condenados el Hospital y la Universidad Industrial de Santander (UIS) – Facultad de Salud – Escuela de Medicina (caso Jairo A. Díaz, Laubén Antonio Navarro Téllez, Juan Bautista Remolina Jerez y Eduardo Castellanos.  Demandantes: Álida Quiñónez de Castellanos y otros vs Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga – Universidad Industrial de Santander -UIS – Facultad de Medicina);

iii.)  el primer fallo condenatorio proferido en Colombia por destrucción de las casas vecinas a un comando militar contra el cual es dirigido un atentado terrorista, hecho sucedido en el barrio Bolarquí, de Bucaramanga, y por el cual fue condenada la Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Ejército Nacional). Teoría del Riesgo Excepcional. Casos Carlos Arturo Pinzón Vargas y otros, Ana María Barrera de Pérez y otros, y Hernán Prada Moreno y otros vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional; atentado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con un carro-bomba contra el Comando de la Segunda División del Ejército Nacional);

iv.) el primer fallo condenatorio en Colombia por la muerte de un civil a consecuencia de la explosión de una mina antipersonal o “quiebrapatas”, hecho que tuvo lugar en zona rural del municipio de El Carmen de Chucurí, Provincia del Magdalena Medio, Santander. Caso José Antonio Quintero Merchán. Demandantes: Eduvigis Mancilla de Quintero y otros vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional). La sentencia coincidió con la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersona, 3 y 4 de diciembre de 1997;

v.) el primer recurso extraordinario de revisión próspero en Colombia contra una sentencia en firme proferida por un tribunal administrativo. Caso Fernando Prada López vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; recurso extraordinario contra la sentencia de única instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones del demandante y ordenado el archivo del expediente. El ciudadano demandante quedó inválido de por vida a consecuencia de haber recibido en la columna vertebral un proyectil disparado por las tropas del Batallón Caldas durante los sucesos del estadio Alfonso López, de Bucaramanga, el 11 de octubre de 1981;

vi.) el primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre la coexistencia de las prestaciones laborales previstas en la ley para el núcleo familiar de un servidor público muerto en servicio y las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad por falla del servicio. Caso Pedro Jesús Medina Suárez, agente de la Policía Vial muerto por intoxicación con sulfato de cobre que le fue administrado en la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional -Policlínica- de Bucaramanga. Demandantes: Mélida Inés Domínguez de Medina y otros vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional;

vii.) el primer recurso extraordinario de súplica por violación directa de la ley sustancial próspero en la Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia. Caso Édison Fabián López Cacua. Demandantes: Marco Antonio López y otros; recurso extraordinario contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual denegó las pretensiones de los padres del niño Edison Fabián López Cacua frente a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga, EDUB; en este caso se aplica por primera vez en la justicia contenciosa administrativa colombiana los conceptos de “inmuebles por adhesión” e “inmuebles por destinación”, propios del Derecho Romano y del Derecho Civil colombiano, dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado. El niño resultó muerto al colgarse del travesaño de una de las porterías de una cancha popular de fútbol existente a la entrada del sector Ciudadela Real de Minas. El travesaño se encontraba mal soldado y se soltó cayendo sobre el pequeño, quien jugaba con sus hermanos aquella mañana de domingo, fracturándole el cráneo. La EDUB, a través de su abogado y liquidador Gabriel Burgos Mantilla, aceptó ser propietaria del lote, pero manifestó desconocer quiénes habían instalado allí los arcos. La Sala Plena del Consejo de Estado deja sin efectos la sentencia de la Sección Tercera y declara responsable a la EDUB respaldando la tesis del recurrente extraordinario en el sentido de que si la entidad oficial era propietaria del lote, lo era de los arcos que en él habían sido adheridos y destinados de manera permanente a servirle de cancha de fútbol a la comunidad;

viii.) el primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre el derecho del niño a contar con un padre sano. Caso Reynaldo Méndez Pico, quien a consecuencia de una irresponsable maniobra por parte de un conductor militar, sufrió la amputación de una de sus piernas, cuando su esposa se hallaba embarazada. Demandantes: Reynaldo Méndez Pico y otros. Demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (Magistrado Ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado);

ix.) la sentencia de unificación (SU) por medio de la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoce por primera vez en Colombia la figura del acrecimiento en la liquidación del lucro cesante dentro de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado. Caso María Antonia Gómez de Carrillo y otros contra el Departamento de Santander. El asunto se refiere al fatal accidente acaecido cuando una camioneta de la Gobernación de Santander que transportaba hacia Bucaramanga a varios trabajadores del ente oficial, se volcó a consecuencia del súbito estallido de una llanta, en comprensión de Chiquinquirá, Boyacá;

x.) la sentencia por medio de la cual se reconoce a un soldado voluntario el derecho a ser indemnizado por falla del servicio, independientemente de sus derechos laborales, en razón a haber perdido las dos piernas como consecuencia del estallido de una mina antipersona cuando era desactivada, hecho acaecido en comprensión municipal de Barrancabermeja, Santander (caso Heriberto Girón Vega y otros vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional). Se probó que el experto en desactivación de minas no se había integrado oportunamente a la tropa y la mina era desactivada por personal no idóneo;

xi.) la sentencia por medio de la cual se reconoce la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado colombiano en accidente de helicóptero de la Policía Nacional que se viene a tierra por causas desconocidas de acuerdo con la investigación oficial.  Caso Indalecio Hernández, Isabel Bustos Vega, Luis Eduardo Aguilar y otros. Demandante: Evelia Ballesteros de Hernández y otros vs la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.  Se acepta la tesis de que la causa indeterminada no exonera de responsabilidad frente al ejercicio de actividades peligrosas por cuanto ello significa que la presunción de responsabilidad no fue desvirtuada.

xii.) la sentencia de tutela por medio de la cual el Consejo de Estado, como juez constitucional, declara la “Teoría del Contrato – Realidad” en la vinculación de los docentes universitarios como profesores de horas-cátedra y dispone que, en consecuencia, les deben ser reconocidos a estos los mismos derechos legales y extralegales previstos a favor de los profesores de planta. Caso Jorge Hernando Gómez Gómez vs Universidad Industrial de Santander (UIS). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 20 de noviembre de 2015. M.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro Se acepta: 1.) que el derecho a la pensión no prescribe; 2.) que los profesores vinculados por horas-cátedra desempeñan funciones idénticas a las de los profesores de planta y que, por ello, viola el principio de igualdad el que se les dé un trato diferente; 3.) que si el profesor de hora-cátedra fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios, pero se demuestra la existencia de los elementos constitutivos del contrato de trabajo, realmente lo que se celebró y se ejecutó fue un contrato de trabajo. En consecuencia, se dispone: 1.) revocar la sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta que denegó la solicitud de tutela formulada por el catedrático de la UIS Jorge Hernando Gómez Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander, corporación que le denegó sus derechos aduciendo que estaban prescritos, y concederle el amparo constitucional; 2.) dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual confirmó la proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que denegó las pretensiones del demandante aduciendo que los derechos habían prescrito, al igual que dejar sin efectos esta sentencia; 3.) Ordenarle al Tribunal Administrativo de Santander volver a dictar la sentencia de segunda instancia con sujeción a lo indicado en la sentencia que concede la tutela, esto es, reconociendo la existencia del “Contrato – Realidad”.

El Tribunal Administrativo de Santander, en efecto, repitió su sentencia, esta vez declarando la existencia del “Contrato – Realidad” y que, en consecuencia, entre la UIS y el profesor de cátedra hubo una verdadera relación laboral, esto es, un CONTRATO DE TRABAJO, con todas sus consecuencias, así hubiesen celebrado un contrato de prestación de servicios. Consiguientemente, le ordenó a la UIS proceder a consignar en COLPENSIONES, debidamente indexadas, todas las sumas que jamás consignó para efectos de la pensión de jubilación del catedrático.

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[NOTA: El portal irá agregando más información].

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DENUNCIAS ANTE LA CIDH:


La oficina del doctor Óscar Humberto Gómez Gómez también atiende denuncias contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (D.F.) / USA por violación de derechos humanos y denegación de justicia en Colombia, y el consiguiente desconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada por Colombia. Estas denuncias solo son procedentes cuando ha habido denegación de justicia dentro de Colombia y pueden terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Santander en la Red relaciona algunos casos a cargo del doctor Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

i.) caso Abner Duarte Santos, ex Presidente de la Empresa Colombiana de Gas (Ecogás), declarado insubsistente por la Presidencia de la República recién liberado del cautiverio sufrido como pasajero de un avión de Avianca secuestrado por un grupo insurgente, aduciendo razones que resultaron falsas;

ii.) caso Martha Isabel Durán de Jaimes, por la desaparición y muerte de su esposo, el transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro, a manos de una patrulla corrupta del Ejército Nacional, aliada con una banda de asaltantes de carretera, que lo interceptó cuando viajaba entre Valledupar y Bucaramanga con una carga de Leche Klim perteneciente a la empresa Cicolac que los facinerosos habían planeado robar;

iii.) caso Hermanos Graterón Fuentes, por el asesinato del mecánico Cristóbal Graterón Fuentes a manos de una patrulla de la Policía Nacional en hechos sucedidos sobre la autopista Bucaramanga – Girón cuando, a bordo de su vehículo y en horas de la madrugada, se dirigía hacia su casa;

iv.) caso John Faber Flórez Pedraza, por la grave falla médica en que incurrió la Clínica Los Comuneros, del Instituto de Seguros Sociales, con ocasión de su nacimiento, al no remitirlo a valoración oftalmológica a pesar de haber recibido oxígeno puro en incubadora debido a su prematuridad, por lo cual resultó víctima de la enfermedad conocida como Retinopatía de la Prematuridad (deprendimiento de las retinas), la cual solo fue detectada, en tardía valoración, cuatro meses después del parto, cuando, por haber alcanzado el estadio V, ya el bebé había quedado ciego.

v.) caso Rafael Serrano Prada, Representante a la Cámara por el Partido Conservador, circunscripción electoral de Santander, procesado en única instancia y condenado en sentencia inapelable por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como responsable de homicidio cometido en estado de ira e intenso dolor causado por grave e injusta provocación (conducta ajena grave e injusta), hecho acaecido en el centro de la ciudad de Bucaramanga en 1995 cuando un hombre corpulento y ostensiblemente más alto que él lo insultaba en público sindicándolo injustamente de hechos de extrema gravedad como el de ser “cómplice de bandoleros”; el de ser “guerrillero”; el de ser un “traidor del Partido Conservador”; el de ser un “hijo de puta”, etcétera, en razón a haber propiciado, tanto desde su posición de periodista como desde su condición de miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, acercamientos con los grupos guerrilleros colombianos FARC, ELN y M-19 con miras a un proceso de paz en Colombia. En medio de los insultos y de la exigencia de respeto por parte del agredido, el agresivo ofensor desenfundó lo que su atacado percibió como una navaja o un puñal, ante lo cual el parlamentario hizo uso de su revólver disparándole en una ocasión, disparo que al agresor le causó la muerte. Vino a comprobarse después que el elemento que el occiso había desenfundado no era una navaja, ni puñal alguno, sino un cortaúñas con la hoja extendida. El parlamentario no pudo apelar la sentencia por ser de única instancia. Colombia -en cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos- acaba de consagrar el derecho de los aforados a la doble instancia y a apelar toda sentencia condenatoria que se profiera en su contra. Empero, ha advertido que de este derecho solamente podrán hacer uso quienes sean condenados a partir de ahora y en adelante, no quienes ya lo hubiesen sido antes. El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez plantea que el caso encajaba dentro de la legítima defensa del honor y la legítima defensa putativa de la vida, y propugna, en consecuencia, porque al condenado se le dé la oportunidad que no tuvo de apelar la sentencia y de esa manera se le abra la posibilidad de ser absuelto. De serlo, automáticamente recobraría el derecho de retornar al Congreso, del cual fue privado de por vida debido a que la Constitución de Colombia prohibe que el congresista que haya sido condenado por un delito vuelva a ocupar curul en el Parlamento, salvo que se trate de un delito culposo o de un delito político.

[NOTA: El portal irá agregando más información].

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2 respuestas a Justicia y Derecho

  1. HORACIO ECHEVERRI dijo:

    Felicitaciones por comentario tan atinado, ilustre colega.

  2. Gabriel Rincón Alvarez dijo:

    Comparto el triunfo espiritual como abogado, como poeta y como cantautor. Autor Catamaranes en Urantia.

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