El valor probatorio de los medios de comunicación (II)

Una madre mandó a su hija a que pusiera una veladora frente a la imagen de San Judas Tadeo, al cual pensaba rezarle más tarde. La niña se fue con la veladora a cumplir su misión, pero cuando ya estaba frente al cuadro y con la mecha encendida, la asaltó la duda sobre la distancia a la que debería poner la veladora. Entonces llamó a su mamá de un grito: “¡Mamá -le preguntó- ¿a qué distancia del cuadro pongo la veladora?”. Y la madre le respondió con aquella frase que, la verdad sea dicha, le está haciendo falta a este país en todos los órdenes, incluido el judicial. “Mijita -le contestó la progenitora desde la cocina, donde se encontraba en ese momento haciendo sus quehaceres-. Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”.

Pues bien; este viejo relato popular viene como anillo al dedo para cuestionar la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual los periódicos y demás medios de comunicación no tienen absolutamente ningún valor probatorio.

Estamos ante uno de esos extremismos que tanto nos gustan a los colombianos y gracias a los cuales nos ha costado tanto crecer como nación. Los que aplauden semejante exabrupto fundan su elogio en su personal percepción de que los medios siempre mienten y tergiversan la verdad. Los que lo critican pretenden sugerir, en cambio, que todo cuanto publican los medios debe tenerse por cierto. Nosotros no estamos ni con los unos, ni con los otros.

Los medios de comunicación, por supuesto, no siempre se ciñen a la verdad y, por el contrario, en no pocas ocasiones tergiversan las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos que relatan.  Pero de ahí a asegurar que nada de lo que publican es cierto va mucho trecho.  Precisamente para eso existe la obligatoriedad legal de que todo medio de prueba se someta al crisol de la sana crítica.  Y es que, de igual manera, un testigo puede mentir; un perito puede falsear la verdad en su dictamen; en un documento pueden hacerse constar hechos falsos; una inspección judicial puede terminar llevándose a cabo sobre un lugar cuyas condiciones hayan sido alteradas; etcétera. Pero no por eso, DE ENTRADA, sin siquiera realizarse análisis alguno, el medio probatorio como tal puede ser rechazado, que es lo que pretende imponer el Consejo de Estado. O sea, no porque haya testigos que mienten, se puede rechazar la existencia de la prueba testimonial; no porque haya peritos que tuercen su recto criterio, se puede rechazar la existencia de la prueba pericial; no porque haya documentos que han sido falseados, se puede rechazar la existencia de la prueba documental; etcétera. Presumir que TODO lo que publican los medios es falso y, consiguientemente, rechazar DE ENTRADA los medios de comunicación como medios de prueba, resulta tan absurdo como rechazar la solicitud de que se reciban unos testimonios porque testigos que tergiversan la verdad los hay por montones. La posición del Consejo de Estado desconoce la presunción de buena fe, que es un mandato constitucional y uno de los pilares del Estado de Derecho, sin el cual la vida y la convivencia social serían imposibles.

Nadie está pidiendo que los hechos se puedan demostrar a punta de meros medios de comunicación. Lo que se está diciendo es que esos medios de comunicación, aunados a los demás medios probatorios, pueden CONTRIBUIR a la aproximación a la verdad, que es el fin final de todos los procesos judiciales.

Pero esa posición extremista del Consejo de Estado no es gratuita, ni inocente. Ella tiene una etiología que el país tiene derecho a conocer y unas consecuencias que, por lo graves, deberían medirse con mayor ponderación.  Se está dando por doquier una verdadera andanada contra los medios de comunicación. La prensa en este continente viene siendo objeto de una feroz persecución. En México, los periodistas son asesinados en forma cobarde y salvaje solamente porque persisten en el cumplimiento de su tarea informativa acerca de la convulsionada situación social de ese país hermano. En Ecuador, un diario prácticamente quedó al borde de la quiebra porque fue condenado a indemnizar al presidente de la república con una suma astronómica por la información que dio con motivo del levantamiento policial que se tomó por algunos como un intento de golpe de Estado. En Venezuela han sido clausurados varios periódicos, cerrados algunos canales de televisión y vive en permanente zozobra el canal opositor Globovisión, acusado de conspirar contra la estabilidad de la Revolución Bolivariana.  En Cuba sólo circula Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, único partido político existente allí, por lo cual se concluye que ese medio es también el vocero oficial del Gobierno y resulta fácil, por lo tanto, entender que la perspectiva informativa y de opinión contraria al régimen imperante carece de canales de expresión. En Argentina, el diario Clarín enfrenta la represión oficial por divergencias entre sus propietarios y la familia Kirchner que no han sido suficientemente explicadas. En Colombia han sido asesinados directores de periódicos, periodistas y, en general, comunicadores sociales de todas las tendencias solamente por cumplir con su misión informativa. El Espectador de Bogotá, El Colombiano de Medellín y Vanguardia Liberal de Bucaramanga, por no citar sino tres medios, fueron literalmente destruidos a finales de los años 80 como represalia por su persistencia en informar acerca de temas que algunos quisieran que estuvieran vedados para la prensa. Después de toda esa desigual lucha por la verdad, venir ahora a rechazar de entrada, sin siquiera un análisis respetuoso de su contenido, los medios de comunicación en el Consejo de Estado de un país democrático, constituye una afrenta contra la prensa, que, gústenos o no, es también uno de los pilares en los que se soporta la democracia. Y una afrenta que por sus particulares componentes de discriminación debería concitar el debate público por parte de los mismos medios acerca de cuánta importancia se le está dando a la prensa dentro del Estado de Derecho.

¿DEBEMOS DUDAR SIQUIERA DE QUE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ RECIBIÓ EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA SOLAMENTE PORQUE NO HEMOS VISTO EL ACTA DE LA ACADEMIA SUECA EN ORIGINAL O EN FOTOCOPIA AUTÉNTICA?

Para nadie es un secreto que sobre los medios de comunicación se cierne la presión agobiadora y perturbadora de la pauta oficial: o el medio se convierte en el adulador vocero del Estado o éste lo asfixia económicamente quitándole la pauta. Y si los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ven afectados o en riesgo sus intereses a causa de la tarea informativa y crítica que desarrollan los medios, la reacción no se hace esperar.

Negar el valor que los medios de comunicación han tenido en el descubrimiento de verdades que, de otro modo, sin su intervención, hubiesen quedado ocultas para siempre es una necedad. Máxime cuando la propia Justicia, que ahora los desecha como trastos sin valor alguno, en no pocas ocasiones, guardó silencio frente a fenómenos que bullían en el interior de las sociedades y que si se supieron fue porque los periodistas tuvieron el valor civil de darlos a conocer a través de su ahora despreciado trabajo. Y máxime, digamos además, cuando esa misma Justicia envió a los anaqueles trascendentales investigaciones que, en cambio, los periodistas prosiguieron, ahondaron y llevaron hasta su terminación, no pocas veces a costa de sus vidas.

ATENTADO CONTRA EL ESPECTADOR DE BOGOTÁ. 1989.

Pero, además, negarles cualquier valor a los medios de comunicación es negárselo al conocimiento humano mismo. Se les olvida a quienes defienden esta postura rígida, extremista, inflexible y absurda que prácticamente si existe conocimiento humano es gracias a los medios de comunicación.

SI LOS TERRÍCOLAS SABEMOS QUE LA SELECCIÓN DE BRASIL GANÓ EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL CELEBRADO EN MÉXICO EN 1970 ES GRACIAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

¿Que hay errores en los medios? Claro que los hay. ¿Que hay abusos? ¿Quién lo niega?

Pero también hay errores y abusos en la Justicia.

Y nadie se atrevería (nosotros no, al menos) a negarle el más mínimo valor a la jurisprudencia.

DURANTE DIEZ AÑOS EL CONSEJO DE ESTADO SOSTUVO COMO JURISPRUDENCIA UN CRASO ERROR: EL DE EXIGIR EL RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL POR PARTE DE LA MADRE ADEMÁS DE LA DEMOSTRACIÓN DE SER SOLTERA O VIUDA AL MOMENTO DEL PARTO. POSTERIORMENTE RECTIFICÓ DESPUÉS DE HABERLES NEGADO SUS DERECHOS A VARIAS MADRES POR LA MUERTE DE SUS HIJOS

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HIZO CASO OMISO DE LA INOCENCIA DEL CIUDADANO CARTAGENERO JOSÉ MANUEL MENA QUIEN FUE CONDENADO A 16 AÑOS DE PRISIÓN POR UN CRIMEN QUE NO HABÍA COMETIDO, DE LOS CUALES CUMPLIÓ 3. ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN DEMOSTRARON LA INJUSTICIA Y LOGRARON SU LIBERTAD.

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