¡Nos alegra por Colombia, señora Contralora!

DRA. SANDRA MORELI, CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha expresado, con toda razón, que la Contralora General de la Nación, como máxima autoridad fiscal de Colombia y, por consiguiente, defensora -por mandato constitucional- del erario, es la que tiene la competencia para investigar, y de ser el caso sancionar fiscalmente, a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional – Disciplinaria, y a cualquier funcionario del Estado, aforado o no aforado, cuando los hechos por los cuales se les investigue constituyan presunto detrimento de las finanzas públicas.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, popularmente denominada “Comisión de Absoluciones”, uno de los más ineptos e inoperantes entes oficiales de cuantos existen en el frondoso aparato burocrático colombiano, la misma donde han brillado con luz propia “juristas” de la talla de Heyne Sorge Mogollón; o sea, esa comisión que “ni raja, ni presta el hacha”, porque ni investiga a nadie, ni deja que otros lo hagan, pretendía dar al traste con la investigación fiscal que, en buena hora, la Dra. Sandra Moreli, Contralora General de la República, había abierto y ya estaba adelantando contra los togados que, abusando de su investidura, convirtieron el Poder Judicial colombiano en un festín designando a sus amigotes como “magistrados auxiliares” por poco tiempo, para que se jubilaran, no con las mesadas a que tenían derecho, sino con las jugosas mesadas de magistrado de alta corte.

Y, de una vez, es bueno recalcar que esa misma investigación, seria, profunda y exhaustiva, debe adelantarla la señora Contralora General de la República, la misma que ha recuperado la dignidad y el honor de esa institución -otra que andaba de capa caída-, en las demás altas cortes, como el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el propio Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa, como también debe hacerlo en los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunales administrativos y los consejos seccionales de la judicatura, porque si por las altas cortes llueve, es posible que por las bajas no escampe.

No sólo es ladrón aquel que, hambriento y hambrienta su familia, como en la inmortal obra Los miserables del gran Víctor Hugo, se roba un pan y es perseguido por ello a lo largo de toda su vida, sino lo son también -y en mucho mayor grado- aquellos que, con tretas y aprovechando su investidura oficial, se roban -o facilitan que otros se roben- los sagrados dineros de la comunidad.

Y es que quienes pagamos impuestos estamos literalmente MAMADOS de que ese dinero nuestro, que el Estado nos obliga a entregarle, que la DIAN se preocupa en grado sumo de sacarnos de la cartera, no se invierta en los hospitales públicos, en las escuelas públicas, en los colegios públicos, en las universidades públicas, en las carreteras, en la ciencia, en el deporte y en la cultura, sino que solamente sirva para saciar la avaricia y la falta de honradez de personajes eclipsados que, por lo general, pasan por el Poder Judicial colombiano como la luz del sol atraviesa el cristal de la ventana: sin romperlo, ni mancharlo.

Y repetimos lo que anotamos en la anterior entrada sobre este tema, titulada “NI RAJA, NI PRESTA EL HACHA” y publicada el pasado 10 de abril: que si se detecta que ex funcionarios actualmente jubilados y que estén recibiendo su mesada pensional, tomaron parte en ese “CARRUSEL DE LAS PENSIONES”, que nosotros llamaríamos, más bien, “CARRUSEL DE LAS PALOMITAS”, se les REVOQUEN esos reconocimientos o los actos administrativos correspondientes sean demandados en ACCIÓN DE LESIVIDAD, pero que, de todos modos, se evite seguirles pagando mesadas a las que NO TIENEN DERECHO, y se les obligue a DEVOLVER lo que se les pagó hasta ahora en exceso.  [Nosotros sospechamos de varios casos, pero preferimos esperar el resultado de las investigaciones].

¡Para adelante, señora Contralora!