Numerosas personas se están dirigiendo por estos días, directamente o a través de los medios de comunicación, al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, para solicitarle que la anunciada exigencia de las declaraciones de renta no se circunscriba a la Corte Suprema de Justicia, mucho menos a su Sala de Casación Penal, y ni siquiera a las tres restantes Altas Cortes, esto es, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa y Sala Jurisdiccional – Disciplinaria) y a la Corte Constitucional, sino que se extienda a todos los tribunales y juzgados del país, es decir, a todos los tribunales superiores de distrito judicial, a todos los tribunales administrativos, a todos los juzgados penales, a todos los juzgados civiles, a todos los juzgados laborales, a todos los juzgados de familia, y, en fin, a cuanta autoridad judicial exista en la República de Colombia.
Pero también exigen que las indagaciones averigüen a fondo si en todos estos años ha habido dentro del Poder Judicial de Colombia fenómenos como el enriquecimiento ilícito, la venta de decisiones judiciales, la desviación del recto criterio, la negativa a declararse impedidos los jueces cuando había causales que los obligaban a hacerlo, u otras irregularidades en la delicada tarea que cumplen sus funcionarios.
Pero tampoco para ahí la creciente exigencia ciudadana. En efecto, también se está exigiendo que se investigue a los empleados subalternos en su totalidad, es decir, que la gran pesquisa no se circunscriba a los magistrados y jueces, porque, por ejemplo, lo que hasta hoy se sabe de corrupción en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca involucra directamente al Secretario.
Y no se detiene tampoco ahí el clamor nacional. Se está exigiendo también una extensa y profunda investigación que, en tiempo breve, determine quiénes están detrás de la creación de las roscas que se apoderaron de la Rama Judicial, así como también cómo operan las estructuras de poder que, igualmente, ciertos poderosos lograron armar dentro de ella, pues dicen que resulta extremadamente grave lo que vino a saberse que estaba sucediendo con la hija del magistrado Malo, de la Corte Suprema de Justicia, quien, según la Fiscalía General de la Nación, era la encargada de recaudar el producto de las extorsiones de las que eran víctimas quienes a su papá le debían el puesto. Ha trascendido que por conservar el cargo, les tocaba pagar el 10% del sueldo.
Pues bien: adherimos a la búsqueda sin miramientos de todos los culpables de prevaricato, concusión y demás delitos que se hayan consumado por parte de magistrados, jueces y empleados judiciales deshonestos. Empero, hay que tener mucho cuidado con caer en una cacería de brujas. Una buena parte de los funcionarios del Poder Judicial colombiano son personas diligentes, responsables, decentes y de conducta intachable.
Por supuesto, adherimos también a la decisión de detectar y desbaratar, de una vez por todas y sin contemplaciones, las detestables roscas y las estructuras de poder existentes dentro de la Rama Judicial.
Una recta administración de justicia descansa sobre un principio inquebrantable: el de la INDEPENDENCIA del juez. Ese principio significa que el juez pueda fallar sin tener que pagarle favores, ni tener que sentir miedo ante nadie. Las roscas y las estructuras de poder son la negación misma de la independencia judicial. Mientras existan roscas y estructuras de poder dentro del Poder Judicial del Estado, todos, absolutamente todos, estamos en peligro.
