LA CRISIS DE LAS PROFESIONES LIBERALES EN COLOMBIA. [Informe especial]. Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.

El abordaje de la evidente situación de crisis que registran las profesiones liberales en nuestro país presupone, como es obvio, el definir previamente el significado de esa expresión, pues solamente así se comprenderá el verdadero contexto del terrible problema.

Así mismo, deben esbozarse los temas de más palpitante interés para ese enorme colectividad, sin conexiones claras entre sí, conformada por los profesionales liberales colombianos. El primer tema -contra nuestro querer- es, necesariamente, el económico.

E, igualmente, hay que dejar consignadas precisiones muy claras en lo que toca con el punto vital de la ética, a fin de que no exista confusión alguna respecto de a quiénes nos estamos dirigiendo exactamente, que NO es, por supuesto, a los bribones sin escrúpulos, ni amor por su carrera, ni respeto por el decoro de su profesión y de sus colegas, que, precisamente, fueron y siguen siendo los directos causantes de la espeluznante degradación moral, económica y social que hoy padecen estas actividades humanas, otrora dignas y respetables. Actividades cuyo resurgir debe ser una tarea de urgente acometimiento por parte del honorable cuerpo profesional liberal de Colombia.

Entremos, pues, en materia.

Al definir la palabra “liberal”, la Real Academia Española anota:

“Dícese tradicionalmente de las artes o profesiones que ante todo requieren el ejercicio del entendimiento”.

En otra parte, el Diccionario de la RAE habla de las “Artes Liberales”. Pues bien; no es a ellas a las que nos referimos aquí, sino a las PROFESIONES LIBERALES.

Definiendo el mismo vocablo “liberal”, el Diccionario de Uso de María Moliner dice:

“Se aplica a ciertas profesiones que pueden ejercerse en libre competencia, o sea que no son retribuidas por el Estado sino por las personas que utilizan los servicios; por ejemplo, la medicina”.

MEDICINA

Una de las luchas más fuertes que vienen librando los profesionales liberales en Colombia es su oposición a que se les incluya dentro del gremio de los comerciantes y, por consiguiente, les toque inscribirse en la Cámara de Comercio y tengan que pagar el impuesto de industria y comercio.

El tratadista argentino GUILLERMO CABANELLAS en su famoso Diccionario de Derecho Usual define la profesión liberal como “aquella que constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como la del cirujano, y la de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos”.

INGENIERÍA

ARQUITECTURA

Y prosigue CABANELLAS: “La no inclusión de la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales como actos de comercio, entre otras razones, radica en que estas profesiones se caracterizan por su carácter intelectual superior, por lo tanto aquí lo importante no es la destreza manual, sino el intelecto, el cual es precedido de una preparación profesional que habilita al individuo para su ejercicio.  De igual forma radica, en que la profesión liberal le imprime un sello personalísimo a su ejercicio, siendo éste un fenómeno ajeno al comercio, y es ejercida por lo general de manera independiente”.

ODONTOLOGÍA

“Así las cosas, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales para que no constituyan actos de comercio, se deben prestar sin subordinación alguna, es decir, independiente, y con pago de honorarios por los servicios prestados”. [CASTRO CIFUENTES, Marcela. Actos de Comercio. Universidad de los Andes. Bogotá. 1991]

PSICOLOGÍA

FISIOTERAPIA

El Código de Comercio colombiano en su artículo 23 deja en claro lo siguiente:

“No son mercantiles: (…) 5o.) La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”.

Es decir, a quien ejerce una profesión liberal el Estado no le puede cobrar impuesto de industria y comercio, ni obligarlo a inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.

A propósito, permítaseme una anécdota personal: En el año 1998, la DIAN pretendió obligar a quien escribe estas líneas a inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga so pena de que si no le presentaba a esa entidad oficial el correspondiente certificado de inscripción no dictaría la resolución aprobatoria de mis facturas; como me negué rotundamente a hacerlo, dos inspectores de la DIAN se presentaron en mi oficina de abogado el 24 de febrero de ese año y me pidieron que les exhibiera el facturero; yo se lo exhibí, pero como no constaba en él la resolución aprobatoria de la DIAN, levantaron el informe respectivo en mi contra diciendo que yo no estaba cumpliendo la obligación formal de llevar facturas. El 15 de enero de 1999, mediante resolución No. 0001 expedida por el Jefe de la División de Liquidación, la DIAN me impuso la sanción de cierre de mi oficina por el término de un día. Interpuesto por mí el recurso de reposición contra dicho acto administrativo, la DIAN, mediante la resolución No. 0001 de febrero 11 de 1999, confirmó la sanción en mi contra. En consecuencia, el día 23 de marzo de 1999, la DIAN me cerró la oficina. Pero para hacerme más daño, el cierre lo dispuso para que se cumpliera entre las 2:26 p.m. de ese día y las 2:26 p.m. del siguiente, esto es, entre las 2:26 de la tarde del día 23 de marzo y las 2:23 de la tarde del día 24 de marzo de 1999. La DIAN fijó, además, en las puertas de acceso unos enormes carteles en los cuales se anunciaba que el cierre era por “EVASIÓN”. Durante ese tiempo atendí, junto con mi personal, en los pasillos de la edificación. Posteriormente, el 26 de julio del mismo año, presenté demanda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Aunque la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, denegó mis pretensiones, el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, al estudiar mi apelación, mediante sentencia del 15 de julio de 2010, revocó el fallo anterior, anuló las dos resoluciones administrativas -la que había dispuesto la medida y la que, al resolver mi recurso de reposición, había confirmado esa decisión sancionatoria- y condenó a la DIAN a indemnizarme por el daño moral que me había causado el cierre de mi oficina. Lo que me reconoció el Tribunal fue una de esas reparaciones meramente simbólicas, de escaso significado económico, pero de alto significado moral. Finalmente, la DIAN desistió de la exigencia que me hacía y no tuve que inscribirme como “comerciante” en la Cámara de Comercio, es decir, se me reconoció mi condición de profesional liberal.

Alcaldías como la de Bogotá, Bucaramanga y Floridablanca han insistido, con inaudita tozudez, en obligar a los profesionales liberales a inscribirse como contribuyentes del impuesto de industria y comercio, previa su inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, para cuyo efecto han expedido acuerdos y decretos palmariamente ilegales.

ABOGACÍA

El Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, con ponencia del Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, hubo de señalar lo siguiente:

“A pesar de que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe entenderse por “profesiones liberales”, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, confrontando los conceptos de “profesión” y de “arte liberal” y de acuerdo con la concepción tradicional que se ha tenido de aquel concepto, puede afirmarse que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico.
De tal manera que para la Sala el objeto de la sociedad demandante, relacionado con las actividades propias de las ciencias contables y la asesoría empresarial, se ubica perfectamente dentro del concepto de “prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”.
La referencia que hace el ordinal 14 del artículo 20 del Código de Comercio a “las demás (empresas) destinadas a la prestación de servicios”, no debe entenderse, como lo hace la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de comprender absolutamente todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, sino que deben lógicamente entenderse excluidos aquellos servicios que por otras normas son expresamente exceptuados de la naturaleza mercantil, como es el caso precisamente de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”, de acuerdo con el ordinal 5º del artículo 23 del Código de Comercio, salvo lógicamente, que el servicio inherente a la profesión liberal esté, a su vez, tipificado en otra de las actividades o empresas que el artículo 2º del Código de Comercio califica expresamente de mercantiles.
Para la Sala tampoco es cierto, como lo sostiene la superintendencia en la motivación de los actos acusados, que el carácter no mercantil de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales” dependa de la forma de dicha prestación, de tal manera que si se presta a través de una empresa, como organización económica, o por medio de una sociedad, ello implique que adquiere el carácter comercial, ya que la norma excepcional contenida en el ordinal 5º del artículo 23 del Código de Comercio no hace ninguna distinción al respecto y, según un principio generalmente aceptado, si la ley no hace distinción, no le es permitido hacerla al intérprete”. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Sentencia de mayo 16 de 1991, Expediente No. 1323. Magistrado Ponente: Dr.  Libardo Rodríguez Rodríguez).

No todos los profesionales liberales, por supuesto, parecieran interesados en defender a las profesiones liberales y a quienes las ejercen.  Algunos, por el contrario, piden mano dura contra los profesionales.  Es el caso del abogado Néstor Humberto Martínez Neira, hijo del maestro Humberto Martínez Salcedo (y a quien evidentemente no le heredó su buen humor).  Al participar en un panel sobre el proyecto de Reforma Tributaria presentado al Congreso por el Gobierno Nacional hace unos cinco años, dijo que había un recargo sobre los ingresos medios de los asalariados, que había sectores de los trabajadores y de la clase media que iban a terminar afectados por los impuestos sobre los salarios, y sostuvo que había sectores como el agro o las profesiones liberales que deberían tributar más. [CARACOL. HORA 20 | DICIEMBRE 11 DE 2012].

VETERINARIA

Los profesionales liberales se aglutinan en colegios. En algunos países, la colegiatura es obligatoria; en otros, como Colombia, no.

CONTADURÍA PÚBLICA

En el ordenamiento jurídico de España, el ejercicio de las profesiones liberales se realiza previa afiliación en el correspondiente colegio profesional.  La colegiatura debe suponer una unión de los profesionales liberales para la defensa de sus derechos.

En la reciente y fracasada reforma a la justicia colombiana, sin embargo, el Estado colombiano pretendió establecer la colegiatura obligatoria de los abogados. Pero no para la defensa de sus intereses como gremio profesional, sino -todo lo contrario- para perseguirlos.

En aquella lamentable oportunidad, el Gobierno dijo, en efecto, que el colegio de abogados tenía como única función por cumplir el conocer de las quejas disciplinarias contra los abogados. Y dijo más: advirtió que mientras entraba a funcionar el colegio, el poder disciplinario contra los abogados litigantes lo ejercería la Procuraduría General de la Nación.

Nosotros, prácticamente en solitario, nos opusimos férreamente a semejante pretensión oficial. Lo hicimos sobre la base de nuestro reiterado argumento de que los abogados litigantes NO son funcionarios del Estado, sino profesionales independientes.

Además, y basados en las experiencias vividas por no pocos juristas durante su ejercicio profesional, quienes han tenido que soportar, y siguen soportando, la deslealtad de no pocos clientes suyos, que llevan a cabo toda suerte de trampas, ardides y tramoyas para timarlos, sin que el Estado haga absolutamente nada por protegerlos, planteamos nuestra también reiterada propuesta sobre la creación del Tribunal Nacional de Ética del Abogado y del Cliente, obviamente con sus correspondientes tribunales seccionales, para que, en primer lugar, sean pares de los abogados los que investiguen y juzguen sus supuestas faltas a la ética profesional -no el Estado (al igual que ocurre con las demás profesiones liberales como la Medicina, la Odontología o la Psicología), pues los también los abogados litigantes son profesionales liberales, no empleados públicos, y, en segundo lugar, para que también los clientes entiendan que le deben respeto y consideración al abogado que les ha servido o les está sirviendo, y no pretendan -como pretenden hacerlo algunos- darle trato de sirvienta.

ENFERMERÍA

En España, el ejercicio de las profesiones colegiadas se realiza en régimen de libre competencia y está sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.

La Comisión Europea contempla como profesiones liberales las profesiones de abogado, contador, arquitecto e ingeniero.

Uno de los problemas más espinosos que afrontan en la actualidad los profesionales liberales en Colombia es el del creciente timo de sus honorarios, conducta inmoral y reprobable que el Estado no solo no  enfrenta con su poder – en protección de quienes estudiaron una carrera y ahora se ven abocados a que les roben el fruto de su trabajo -, sino que incluso cohonesta abiertamente. Y que no solo tolera y cohonesta, sino que inclusive llega hasta ser él mismo el directo autor, coautor o cómplice del timo.

Por resultar de capital interés, entramos a abordar el tema de los HONORARIOS.

La retribución económica que el profesional liberal recibe por sus servicios se denomina, en efecto, HONORARIOS.

Pero ¿qué son, a la luz de la Historia, los HONORARIOS? ¿Por qué se llaman así?

Comencemos por señalar que hoy por hoy es indiscutible que quien ejerce una profesión liberal tiene derecho a ganar dinero. Ni más faltaba. O es que acaso se han preguntado aquellos que de manera irreflexiva critican a los profesionales liberales porque devengan ingresos, y, por qué no, unos buenos ingresos, -¿cuánto cuesta la carrera de Medicina? ¿Cuánto tiene que invertir un padre de familia para que su hijo llegue a ser psicólogo?  ¿Cuánto vale la carrera de Arquitectura? ¿Cuánto cuesta la de Odontología?

Y si, como se sobreentiende, es públicamente sabido que cursar una carrera universitaria cuesta mucho dinero, aparte de tiempo y esfuerzo académico, ¿por qué el Estado colombiano insiste, entonces, es convertir a los profesionales liberales en proletarios? ¿Por qué con la ley 100 de 1993 convirtió la salud en un negocio lucrativo para las EPS y condenó al cuerpo médico a la rebusca cotidiana del pan?

NUEVOS PROFESIONALES LIBERALES EN SU CEREMONIA DE GRADUACIÓN

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[CONTINUARÁ]

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