ABOGACÍA PUSILÁNIME. Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.

En medio de esta podredumbre moral que viene arrasando la respetabilidad y confiabilidad de la justicia colombiana, con un magistrado de la Corte Constitucional juzgado por cobrar sumas astronómicas para intervenir a favor de la selección de tutelas (caso de Jorge Pretelt), con tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia a punto de ir a la cárcel, y no precisamente de visita, por cargos muy graves que les ha formulado la Fiscalía General de la Nación (casos de Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino); con el secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca capturado dentro de las instalaciones del tribunal porque estaba, según la Fiscalía General de la Nación, recibiendo millones a cambio de obstruir procesos y de otras perlas como la de meterles la mano a las tutelas (caso de Alejandro Bautista); con jueces sacados con esposas de sus despachos en Paloquemao sindicados por la Fiscalía General de la Nación de vender prisiones domiciliarias y de otras picardías; con la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio acusada por la Fiscalía General de la Nación de estar dedicada no a administrar justicia sino a delinquir con la toga puesta; en fin, con la dignidad de la justicia arrastrada por el fango, asombra e indigna el silencio que ha guardado hasta ahora la abogacía colombiana.

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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2015-pretelt-si-me-voy-nos-vamos-todos

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/investigacion-contra-gustavo-moreno-por-corrupcion-aterrizo-en-la-corte-suprema-articulo-708329

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturan-al-secretario-general-del-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-por-actos-de-corrupcion-articulo-703591

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13130663

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-les-imputa-cargos-a-tres-magistrados-del-tribunal-superior-de-villavicencio-por-corrupcion-107418

Pareciera que el gremio llamado a defender los derechos ajenos no tuviera carácter para defender los propios.

O que no tuviese conciencia de lo gravísimo que resulta para la abogacía libre lo que está sucediendo en la rama del Estado ante la cual, por lo general, ejerce esta profesión.

O que, teniéndola, le da físico miedo salir a protestar por este estado de cosas inaceptable.

El vergonzoso silencio y el paralizante miedo que exhibe la abogacía acaso tengan como causa principal -si no única- el hecho de que el gremio de los profesionales del derecho se encuentra intimidado por el garrote disciplinario que, so pretexto de imponer la relativa noción del “respeto” (?), le vive blandiendo amenazante el Consejo Superior de la Judicatura.

Y es que un abogado no acaba de sentar una enérgica protesta o de cuestionar con valor civil los garrafales errores, las arbitrariedades, los abusos y las tropelías en que vienen incurriendo jueces y magistrados, con gravísimo perjuicio para los derechos sustanciales de personas inocentes que han acudido a los estrados judiciales en busca de justicia,  cuando de inmediato sobreviene la consabida “compulsa de copias” con miras a que el Consejo Superior de la Judicatura lo someta a un proceso disciplinario y, como culminación del mismo, lo multe, lo censure o lo suspenda, dizque por “irrespeto”, como si la abogacía libre tuviera dentro de sus deberes el de respetar al juez o magistrado prevaricador y, en general, al juez o magistrado delincuente, o al juez o magistrado que revela una preparación académica deficiente o una palmaria carencia de la virtud de ser justo, solo por vestir con toga o por haber sido beneficiado con una investidura inmerecida.

Pero, a todas estas, ¿quién es este Consejo Superior de la Judicatura? ¿por qué tanta arrogancia en sus integrantes como para que miren a los abogados colombianos por debajo del hombro? ¿qué méritos académicos o científicos tienen como para que se sientan por encima de quienes, en el fondo, no son más que sus colegas?

Pues este Consejo Superior de la Judicatura, que tan preocupado anda de que los abogados guardemos “respeto” y nos silenciemos ante lo que sucede o que, a lo sumo, presentemos quejas y denuncias que, obviamente, no van a ninguna parte, es, ni más ni menos, que el mismo del vergonzoso escándalo del “carrusel de las palomitas”, es decir, la corporación judicial donde se estaba timando al erario poniendo a personajes de una impúdica rosca a ganarse astronómicas mesadas de pensión sin merecerlas. La jugarreta consistía en nombrarlos por poco tiempo allí para que así se jubilaran con sueldo de magistrado de Alta Corte.

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Vea: (http://www.semana.com/nacion/articulo/el-carrusel-magistrados/235779-3)

Es también el mismo donde se descubrió, gracias a habilidosas interceptaciones telefónicas, que se palabrean los fallos antes de dictarlos (caso de Henry Villarraga Oliveros. A propósito de este magistrado, fue gracias a un salvamento de voto suyo que decidí no volver a presentar quejas disciplinarias porque vine a saber que eran archivadas sin siquiera haberse adelantado la correspondiente investigación. Así que eso de que “si tiene conocimiento de algo irregular, quéjese” no es más que una frase de cajón. Y en cuanto a eso de que “si tiene conocimiento de algo irregular, denuncie”, es otra frase de cajón: la denuncia penal que le dirigí al entonces Fiscal General de la Nación Guillermo Mendoza Diago denunciando graves irregularidades dentro de la justicia contenciosa administrativa en Santander fue literalmente despedazada en átomos, por lo cual no se investigó el CONTEXTO de los hechos, ni el DESIGNIO criminoso, ni la existencia de lo que Claus Roxin llama una ESTRUCTURA DE PODER -en este caso dentro de un sector de la justicia contenciosa administrativa colombiana-, y fue así como cada una de las “denuncias”, aisladamente tomada, terminó enviada al archivo. Los denunciados, al igual que cierto güisqui, siguen tan campantes).

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http://www.elespectador.com/noticias/judicial/grabaciones-incomodan-al-magistrado-villarraga-articulo-454953

Es, además, el mismo que alberga en su seno magistrados que -demostrando su verdadera condición de políticos con toga- no acaban de abandonarlo cuando ya han salido directo a hacer política lanzándose como candidatos a una curul en el Congreso (caso de Ovidio Claros, quien venía de la política y salió hacia la política; hoy está al frente de su campaña por una curul en la Cámara de Representantes a nombre del Partido Cambio Radical, aunque también aspira a ser Presidente de la República).

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http://caracol.com.co/radio/2017/02/08/nacional/1486558873_230741.html

http://www.laopinion.com.co/politica/al-expresidente-de-la-judicatura-le-suenan-el-congreso-o-la-presidencia-132103

Es, igualmente, el mismo que, ya no a través de su temida Sala Jurisdiccional-Disciplinaria, sino de su otra Sala, la Administrativa (la misma que recién creado ese organismo se agarró con aquella pujando por quién realmente tenía la potestad de los nombramientos burocráticos y el manejo del astronómico presupuesto de la Rama), designa o cohonesta que se designe como magistrados y como jueces a personajes incompetentes, abusivos o indignos, gracias a lo cual la justicia colombiana se encuentra hoy sumida en la peor crisis de su historia. El truco es tan sencillo como perverso: no se convoca a los concursos de méritos y, entonces, “mientras tanto” son nombrados jueces y magistrados “en provisionalidad”. De esta manera, personajes que no han tenido que aprobar un concurso de méritos burlan las exigencias de la carrera administrativa y se pasan por la faja la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Peor aún: cuando milagrosamente se convoca a los concursos, aspirantes rajados en ellos resultan designados, de todas maneras, jueces o magistrados “en provisionalidad”. También se han denunciado, infructuosamente por supuesto, irregularidades en los concursos. Más allá de que, en efecto, ellas hayan ocurrido, es asombrosa la ignorancia de algunos de los jueces y magistrados que aprobaron los concursos y hoy están en carrera respecto de temas jurídicos elementales en los que no erraría un estudiante de derecho promedio.

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http://www.elespectador.com/noticias/judicial/jueces-denunciaron-fraude-examenes-puestos-de-rama-judi-articulo-531336

En ese absurdo “mientras tanto”, en esa “provisionalidad” que terminó volviéndose permanente, llevamos ya la bicoca de veinte años, pues la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia es la 270 de 1996.

Y son esos jueces y esos magistrados  los que -salvo una que otra excepción- llegan, con toda su carga de ignorancia y -obviamente- de arrogancia (porque no hay nadie más arrogante que un ignorante), dizque a “administrar justicia”.

Los errores, las arbitrariedades, los abusos y las tropelías, por supuesto, abundan, pero los abogados no dicen nada, ni hacen nada. Los malos funcionarios judiciales y los malos empleados judiciales siguen ahí, campantes, acabando con lo poco que queda de justicia en este país, pisoteando impunemente los derechos sustanciales de viudas, huérfanos y lisiados con sentencias que en un país serio serían suficientes como fundamento de su destitución y su envío a la cárcel.

¡Cuánto extraña uno hoy a abogados como Jorge Eliécer Gaitán, como José Camacho Carreño, como José María Rojas Garrido, como Antonio José Restrepo, como Carlos Lozano y Lozano o como Manuel Serrano Blanco, verdaderos titanes de la elocuencia forense a los que no les temblaban los calzones para pararse a defender lo que creían justo.

Pero, más allá de esta cobardía colectiva, uno se pregunta desconcertado: ¿y dónde están las facultades de derecho? ¿dónde están las asociaciones profesionales? ¿dónde, los colegios de abogados? ¿dónde, por Dios, se quedó la dignidad profesional, dónde el decoro, dónde el valor civil?

¡Pobre abogacía! ¡Qué tristeza produce el verla en el deplorable estado de sumisión y de resignación en que se encuentra!

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[FOTOGRAFÍA: Fernando Rueda V.]

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