Aunque de eso no hay estadísticas (como no las hay de nada en este país de improvisación y desorden), bastan los casos que nosotros hemos conocido personalmente para afirmar que los contratistas del Estado a quienes este ha llevado a la ruina son numerosos.
Para la muestra, un botón: a la empresa Colombiana de Industrias y Repuestos Ltda (COLINDUSTRIAS), del ingeniero José Hilario Cárdenas Rey (q.e.p.d.), la condujo a la ruina ECOPETROL. ¿La razón? La de que COLINDUSTRIAS (¡vaya paradoja!) aplicó un concepto de la Administración de Impuestos Nacionales —que es como decir, del propio Estado— según el cual los contratos de ranuración de tubería sí generaban IVA y le facturó ese impuesto.
Solo cuando ECOPETROL acudió al Ministerio de Minas y este pidió el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y esta corporación conceptuó que sí, que se causaba el IVA y había que facturarlo, ECOPETROL accedió a pagárselo a COLINDUSTRIAS, empresa que ya se lo había pagado al Estado, pues de lo contrario no le expedían el paz y salvo nacional.
Empero, en represalia, ECOPETROL le hizo saber a su contratista que jamás le volvería a dar trabajo. Y como COLINDUSTRIAS —cuyo único objeto era la ranuración de tubería— dependía totalmente de los trabajos que le daba ECOPETROL, el ingeniero Cárdenas Rey tuvo que cerrar la empresa y más de cien familias se quedaron sin cómo hacer mercado.
Poco tiempo después, una legión de menesterosos, impulsada por politiqueros oportunistas, invadió los terrenos aledaños a las instalaciones de COLINDUSTRIAS. El ingeniero Cárdenas Rey intentó venderlas, pero a la vista de la invasión, nadie se las compraba. El ingeniero acudió a las autoridades, sobra decir que en forma infructuosa, pues ya se sabe que por estas latitudes el Estado nunca está de parte del hombre honrado, sino en su contra. Era la noche del 31 de diciembre y el ingeniero Cárdenas Rey despedía el año cuando le sobrevino el fulminante infarto cardíaco que lo llevó a la tumba.
Aparte de una serie que escribí bajo el título “¿Por qué quebró Colindustrias?”, y que gracias a que Silvia Galvis era la directora de Vanguardia Liberal pude publicar en ese diario, nada se escribió sobre este atropello oficial contra una empresa santandereana.
He tenido en mi oficina a ingenieros contratistas llorando, acompañados de sus esposas y de sus hijos, mientras me cuentan cómo una entidad oficial o dependencia del Estado los llevó a la ruina. Por respeto a ellos no doy nombres, pero los daré si ellos me autorizan.
Los métodos son muchos, pero principalmente tienen que ver con el no pago oportuno de los honorarios o de los valores que se pactaron en un contrato administrativo y la consiguiente imposibilidad del contratista para cumplir sus compromisos, incluidos los laborales. Si el contratista se atreve a llevar el caso a la justicia contenciosa administrativa, la represión no se hace esperar: nunca más se le vuelve a llamar a licitar, ni jamás se le vuelve a dar una obra. Ello, a pesar de que está absolutamente prohibido por la ley que los funcionarios les obstruyan a los ciudadanos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia contenciosa administrativa so pena de incurrir en causal de mala conducta.
Ya es hora de que a esa situación se le ponga remedio de raíz. El Estado debe dar ejemplo de respeto por la ley y por el estricto cumplimiento de las obligaciones. La relación entre el Estado y sus contratistas debe estar sujeta siempre a la seriedad y el respeto mutuos. Pugna con el Derecho el abuso, por parte del Estado, de su posición dominante.
En consecuencia, así como el contratista debe cumplir a cabalidad con aquello a lo cual se comprometió, el Estado debe cumplir —también cabalmente— lo que le corresponde, que es pagarle a su contratista.
Hay que propiciar la inmediata derogatoria de la Ley del Embudo, que aquí nace del aprovechamiento, por parte del más fuerte, de la situación de desventaja en la que se halla el más frágil.
Este asunto la mayoría de las veces es de tipo personal por quien maneja las licitaciones o contratos. En ninguna parte está reglamentado la prohibición de volver a cotizar porque un contratista ha hecho un reclamo, solicitando sus derechos. De otra manera es la inconveniencia para la persona o personas que manejan las licitaciones por un mejor mercado en el CVY, o el favorecimiento a sus amigotes.
Mi muy respetado Doctor Gómez ha hecho falta es que los probos contratistas hagan oferta del CVY y ahí sí todo discurre como debe de ser. La corrupción se ha metido en todos los estamentos y de ello yo ya fui víctima con el Indersantander, en el mandato de Serpa. Una justicia sin el más mínimo miramiento de cumplir de manera idónea y rápida los fundamentos de su existir lleva a toda esta hecatombe. Seguir denunciando debe de ser nuestra misión.
A todos los niveles y en todas las proporciones, solamente se benefician los corruptos que se llenan de dinero robado de los impuestos que pagamos los honestos y se lo reparten con los funcionarios y sus padrinos políticos corruptos y peligrosos (depredadores inmorales, con el dios dinero y la ley del poder). Ejemplo vivo: Hospital Universitario de Santander, E.S.E.