Nuevo escándalo vuelve a estremecer al Consejo Superior de la Judicatura. Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.

Otro vergonzoso escándalo sacude —por enésima vez— al cada vez más desacreditado Consejo Superior de la Judicatura. Esta vez se unen en el desprestigio las dos salas de ese organismo, por cuya pronta desaparición clama el país entero.

Denunciados por el propio Presidente Santos

Ahora ha sido el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón quien denuncia las maniobras clandestinas de sus magistrados dentro del Capitolio Nacional.

Lobby en el Capitolio

En efecto, los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura vienen dedicándose a hacerles un indigno lobby a los congresistas para, en reuniones secretas, fraguar con ellos de qué manera dan al traste con la reforma constitucional impulsada por el Gobierno a través de la cual se dispone la abolición definitiva de dicha entidad.

Puestos en la Justicia a cambio de votos en el Congreso

Ha trascendido que parte de la estrategia de los magistrados del Consejo Superior consiste en ofrecerles a los parlamentarios puestos en la Administración de Justicia para su clientela a cambio de su voto adverso a la eliminación del susodicho Consejo.

Los magistrados mienten y se contradicen

Para aumentar la vergüenza, los magistrados —que por su investidura deberían dar ejemplo de respeto a la verdad— han incurrido, en sus declaraciones a los medios de comunicación, en palmarias mentiras y contradicciones, que muestran a las claras en manos de qué clase de personajes está el manejo de la Justicia colombiana y el control ético de la Abogacía. Y es que mientras el presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Wilson Ruiz, negó categóricamente que lo del lobby fuera cierto, terminó contradiciéndose con el magistrado de la Sala Administrativa y expresidente de esa sala magistrado Néstor Raúl Correa, quien contó que no solo era cierto el lobby, sino que incluso fue aprobado nada más ni nada menos que en la Sala Plena de la Corporación, o sea en reunión de las dos salas.

El que nada debe…

La pregunta obvia que surge es: ¿por qué, entonces, el magistrado Wilson Ruiz negó que el lobby fuera cierto y hasta dijo que, en caso de que hubiera pruebas, se denunciara el hecho ante “las autoridades competentes”?

La autoridad “competente” es la más incompetente de las autoridades

Ante la pregunta de los periodistas sobre ante cuáles “autoridades competentes” había que presentar la denuncia, el magistrado Wilson Ruiz contestó lo de siempre: que como ellos tienen fuero, la denuncia hay que presentarla ante…¡¡¡ la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes !!!

Que es como decir ante nadie, porque toda Colombia sabe que esa comisión no acusa a nadie o, para decirlo más claramente, no sirve para nada.

Una lucha totalmente desigual

En otras palabras, mientras quienes vienen abogando hace años por la abolición definitiva y sin contemplaciones de ese engendro creado por la Constitución de 1991 tienen que actuar de frente y —en el caso de los juristas— exponiéndose a las represalias de la Sala Disciplinaria, los magistrados de esa Sala y los de la otra actúan a las escondidas, en conciliábulos con los congresistas, en los cuales se negocian los cargos públicos como si fueran mercancías de propiedad de los implicados en tan vulgar y repudiable negocio.

Y mientras un abogado colombiano jamás podría aspirar a hacer lobby en el Consejo Superior de la Judicatura para ser escuchado acerca de los problemas por los que atraviesa la Abogacía, porque ese organismo solo ve en los abogados a enemigos a los que hay que perseguir y sobre los que hay que descargar todo el poder disciplinario del Estado para así mantener al otrora influyente gremio intimidado y silenciado, sus magistrados sí salen a hacer lobby en el Capitolio Nacional en causa propia, esto es, para que no les cierren ese sanedrín de la represión, la mordaza y la injusticia.

Que salgan a litigar, como les ha tocado a todos

Ojalá se fuerce a estos abogados a que salgan a litigar, es decir, a ejercer la profesión que estudiaron como les ha tocado siempre a todos, esto es, desde el asfalto, lejos de las poltronas y de los escritorios desde donde han mirado hasta ahora a sus colegas como a personajillos de tercera categoría.

Si ello ocurriese, veríamos, entonces, si tanta arrogancia se respalda con una elevada preparación académica y unos méritos forenses dignos de encomio.

La Abogacía exige claridad

Por ahora, que se nos explique públicamente a quienes pagamos impuestos y por eso somos los sostenedores de esa burocracia, en qué ha consistido exactamente el lobby que denunció el Presidente de la República, “lobby” que —repetimos— se acordó dentro de una sesión de la Sala Plena.

La lucha continúa…

En lo que a nosotros respecta, como colombianos, como contribuyentes y como periodistas independientes, seguiremos en la lucha hasta ver:

i) que el mentado Consejo Superior de la Judicatura deje de existir,

ii) que el manejo de la Rama Judicial lo reasuma el Ministerio de Justicia, porque para eso existe,

iii) que se cree el Tribunal Nacional de Ética del Abogado y del Cliente, así como existe el Tribunal Nacional de Ética Médica y como cada profesión liberal tiene su propio tribunal de ética,

iv) que los conflictos de jurisdicción los resuelva la Corte Constitucional —puesto que esa es una cuestión constitucional—,

v) que el control disciplinario sobre la Administración de Justicia lo reasuma la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, y

vi) que de esa manera la Abogacía colombiana recupere la dignidad y el decoro que perdió como profesión liberal ejercida por hombres y mujeres libres, pensantes e independientes.