Fiscalía: Ni raja, ni presta el hacha. Por Óscar Humberto Gómez Gómez (*)

La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, en su condición de Contralor Delegado para el Sector Social, por el delito de prevaricato por acción.
Según el ente investigador, el funcionario, quien tenía a su cargo la investigación por el carrusel de pensiones en las Altas Cortes, habría solicitado “información personal dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, sin que las mismas ejercieran gestión fiscal (?), y otras no tuvieran relación alguna con el respectivo proceso (?)”.

Además se cree que se habría ordenado recopilar información que tendría el carácter de reservada (?), lo cual fue calificado como “actuaciones que resultan arbitrarias y caprichosas, excediendo las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país (?)”, señaló la Fiscalía.

Entre las pruebas de la Fiscalía se encuentra un oficio firmado por Umaña Lizarazo, en el que le pide a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que le entregue información sobre un grupo de personas entre las que se destacan cuatro magistrados y exmagistrados de las Altas Cortes, entre ellos Henry Villarraga (!), Julia Ema Garzón (!), Temístocles Ortega (!) y José Ovidio Claros (!).

En el documento la Contraloría pidió información de bases de datos de los magistrados, en lo relacionado con CIFIN, Datacrédito, información bancaria, registros notariales, vehículos, divisas e inversiones”.

Si no lo leo en la Vanguardia, no lo creo.

Pero me va a tocar creerlo, porque también lo dicen otros importantes medios. RCN, por ejemplo:

“En un oficio firmado por el Contralor para la corrupción, Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, y al cual tuvo acceso Noticias RCN, el ente de control se dirige a la Uiaf, encargado (sic) de reportar las operaciones sospechosas de los ciudadanos.

En dicho documento, el funcionario le pide a la Uiaf que le entregue información sobre un grupo de personas entre las que se destacan cuatro magistrados de las altas cortes, entre ellos el cuestionado magistrado Henry Villarraga (!), Julia Ema Garzón (!), Temístocles Ortega (!) y José Ovidio Claros (!).

Tal y como se lee en el documento, la Contraloría pide “de manera atenta información que repose en sus bases de datos de las personas relacionadas a continuación, en lo relacionado con CIFIN, Datacrédito, información bancaria, registros notariales, vehículos, divisas e inversiones (…)”.

El documento hace parte de las pruebas recaudadas por la Fiscalía contra varios funcionarios de la Contraloría en la investigación por supuestos seguimientos ilegales por parte de este ente de control contra personas que no están sujetas a su jurisdicción”.

¿Cómo así, señor Fiscal?

¿O sea, que los pájaros otra vez tirándoles a las escopetas?

¿Cómo así que ante el hecho notorio de que  se estaba haciendo fiesta con los recursos públicos en la Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura nombrando como magistrados auxiliares por poco tiempo a abogados y jueces a punto de pensionarse, para que la mesada les tuviera que ser liquidada con sueldo de magistrado, la Contraloría General de la República se tenía que quedar mirando la corrida de toros desde la barrera y contemplando en silencio cómo saqueaban el tesoro nacional?

¿Cómo así, señor Fiscal? ¿O sea, que fuera de que nada se hizo para aclarar y sancionar ejemplarmente ese vergonzoso timo al erario que fue el carrusel de las palomitas, ahora resulta que a quienes trataron de llegar a la verdad y castigar lo que fue un enorme daño fiscal, los van a meter presos?

¿No era apenas natural que se investigara si aquellos favores, o para decirlo más claro: aquellos padrenuestros ganados con avemarías ajenas (porque los funcionarios corruptos hacen fiesta, no con su propia plata, sino con la plata que le pertenece a la nación colombiana), eran a título meramente gratuito o, por el contrario, se recibían contraprestaciones?

Ahora bien: copiemos a continuación cuáles son los funciones de la Contraloría Delegada para el Sector Social a ver si, en realidad, nada tiene que ver esa dependencia con el tema de las pensiones:

Contraloría Delegada para el Sector Social

“Corresponde a la Contraloría Delegada para la Vigilancia Fiscal del Sector Social, ejercer la vigilancia y control fiscal a las entidades, planes, programas y proyectos sectorizados en esta dependencia Delegada.

Subsector Educación-Central (Ministerio de Educación Nacional), Subsector Educación – Instituciones de Educación Superior (Escuela de Administración Pública (ESAP), Subsector Educación – Cultura (Ministerio de Cultura), Subsector Educación – Deporte y Aprovechamiento el Tiempo Libre (Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes), Subsector Salud E.P.S. – Régimen Subsidiado (Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento – Córdoba y Sucre “Manexka, Subsector Salud E.P.S. – Régimen Contributivo (Cafesalud E.P.S. – EPSs), Subsector Salud – “EOC” Otras Entidades Obligadas a Compensar (Administración Pública Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y Quindío – Coodesca), Subsector Trabajo Central (Ministerio de Trabajo),  Subsector Trabajo – Pensiones, Administradoras de Regímenes Prima Media, Especiales y Exceptuados (Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP), Subsector Trabajo – Pensiones, Administradoras de Ahorro Individual (Administradora de Fondos y Pensiones Cesantías Protección), Subsector Trabajo . Cajas de Compensación Familiar (Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio) y Subsector Inclusión Social y Reconciliación (Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial). 

Corresponde además a la Delegada del Sector Social ejercer control y vigilancia a los recursos del Sistema General de Participaciones y demás transferencias de origen nacional en cumplimiento de su competencia sobre los recursos transferidos por la Nación a las entidades territoriales; a los recursos que manejan y administran las universidades públicas del orden territorial, y a los siguientes fondos: Fondo der (sic) Solidaridad y Garantía Fosyga, Fondo de Salvamento y Garantía para el Sector Salud y fondo de Solidaridad Pensional – Ministerio de Trabajo, Fondo de Riesgos Profesionales y fondo de Subsidio al Empleo y Desempleo.

De otra parte, ejercerá control y vigilancia de manera independiente a las entidades promotoras de salud – EPS, que administran regímenes contributivo y subsidiado, cuando tengan para cada uno de ellos, un número de identificación tributaria diferente”. (www.contraloriagen.gov.co. El resaltado es mío).

¿O sea, señor Fiscal, que por investigar a fondo si estos magistrados estaban haciendo fiesta con los recursos públicos, van ahora a empapelar al investigador?

¡Esto es el colmo del cinismo! ¡Un país tiene que estar moralmente muy degenerado como para que suceda lo que está sucediendo: que mientras aquellos que cogieron el erario de saco roto siguen ahí en sus altos cargos, tan campantes como el güisqui escocés Johnnie Walker, quienes trataron de ponerlos en cintura, quienes asumieron la defensa del tesoro público —esto es, de la plata de todos nosotros, es decir, de los dineros de los colombianos, que pagamos altísimos impuestos no para que se los roben o con ellos hagan fiesta funcionarios inescrupulosos, sino para que se construyan las carreteras, las escuelas y los hospitales que tanta falta nos hacen— irán ahora con destino a la cárcel, y no precisamente de visita.

Si esta es la lógica que a este desdichado país le va a imponer la Fiscalía General de la Nación del cada vez más sorprendente doctor Montealegre, no nos queda sino encomendarnos al santo o a la santa de las causas peliagudas.

Dicen que el santo es San Judas Tadeo y que la santa es Santa Rita de Casia.

Pero como aquí hoy en día ya nada es seguro, será mejor que nos encomendemos a ambos, por si las moscas.

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* : Miembro del Colegio Nacional de Periodistas.

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