El juzgamiento de los altos funcionarios del Estado: una necesidad de solución inaplazable. Por Óscar Humberto Gómez Gómez.

La inoperancia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le está causando al país un inmenso daño.

Y es que mientras haya servidores públicos seguros de que a ellos nadie los investigará, ni mucho menos los juzgará, y sí que menos los condenará por los abusos, las tropelías y los garrafales errores que cometan, y con los cuales perjudiquen gravemente a personas inocentes, es obvio que esos abusos, esas tropelías y esos garrafales errores continuarán y cada vez con mayor fuerza.

Esto vale para altos dignatarios del Estado de cualquiera de los ramas del poder público y organismos de control amparados con fuero. Cada vez que algo se dice o se hace contra alguno de ellos, el aludido, con la altanería propia de quien sabe que, haga lo que haga, no tiene quién lo castigue por nada, responde: “¡Denúncienme!”.

Esta semana, para no ir tan lejos, el Fiscal General de la Nación invocó su condición de funcionario con fuero para exigirle al Procurador General de la Nación que sus subalternos no revisaran unas escrituras públicas notariales en las que él aparecía. “A mí –recordó el alto funcionario– solamente me puede investigar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes“.

O sea, nadie.

Si la tan mentada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes realmente funcionara, de seguro habría menos arrogancia en los altos círculos del poder estatal.

El tener esa certeza, la de que sobre ellos no habrá jamás investigación penal ni disciplinaria alguna, hagan lo que hagan, o dejen de hacer lo que dejen de hacer, ha permitido que ciertos altos funcionarios del Estado consumen toda clase de desafueros.

Para no citar sino uno de los tantos ejemplos que podrían darse, los magistrados del Consejo de Estado y los de la Corte Suprema de Justicia enemigos de la tutela contra providencias judiciales, pero que —más allá de su opinión personal sobre el punto— estaban obligados a respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esa materia, se dieron el lujo de sabotear impunemente y a sus anchas la precitada acción durante la bicoca de veinte años, sin que ninguno —que sepamos—haya sido investigado, ni mucho menos destituido de su cargo, ni -sí que menos—pisado siquiera la cárcel, a pesar de la posible falta disciplinaria, y el aparente delito de prevaricato o de abuso de autoridad en que incurrieron.

En una democracia, ningún funcionario oficial es intocable.

Ya va siendo hora de que el pueblo colombiano salga a la plaza pública, si es necesario, a exigir la tan anunciada Reforma a la Justicia.

Pero no la reforma que se quería hacer para, entre otras perlas, otorgarle fuero al secretario del Senado, sino la reforma que se requiere con urgencia para poner en cintura a tanto alto funcionario público arbitrario que anda suelto.

 

 

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